IMPORTANTES ACONTECIMIENTOS EN EL CONGRESO RESPECTO INMIGRACION

IMPORTANTES ACONTECIMIENTOS EN EL

CONGRESO RESPECTO INMIGRACION

POR: Ricardo Skerrett

Miembro, Asociación Americana de Abogados de Inmigración

ricardoskerrett@gmail.com

www.ricardoskerrettimmigration.com

                 El mes pasado, en una votación de 222 a 177, la Cámara de Representantes federal removió una disposición de un proyecto de apropiaciones que hubiera prohibido al Departamento del Tesoro federal implementar reglamentaciones permitiendo a instituciones financieras el uso de las tarjetas de matrícula consular como parte del proceso para legalmente identificar clientes. Esto quiere decir que la matrícula consular podrá ser utilizada por extranjeros para efectuar transacciones bancarias en EE.UU. La matrícula consular es reconocida internacionalmente como un documento válido de identificación personal, al igual que la registración consular que el Departamento de Estado expide a los ciudadanos americanos que viven en el extranjero. Más de 160 condados, 1180 departamentos de policía, 33 estados y 178 instituciones financieras apoyan el uso de la matrícula consular como un medio de establecer identidad, reducir el crimen y la violencia, estimular la economía y fortalecer las líneas de defensa contra terroristas que tratan de ganar acceso a nuestras instituciones financieras.

Esta votación es la última en una serie de victorias derrotando medidas anti inmigratorias en el Congreso. Esta última medida había sido presentada por el Representante Republicano Tom Tancredo de Colorado, quien repetidamente ha introducido medidas restriccionistas en el Congreso, ninguna de las cuales han sido aprobadas.

En otro acontecimiento positivo, fue derrotada una propuesta reglamentación federal que hubiera obligado a hospitales y proveedores de salud suministrar al gobierno federal información sobre indocumentados que son atendidos como pacientes. La propuesta de la reforma de Medicare reservaba un monto de 1 billón de dólares a través de cuatro años para que los hospitales trataran a pacientes no asegurados irrespectivamente de status migratorio. Como $9 millones al año estaba destinado para hospitales de la Florida. Pero, a cambio de recibir el dinero, los hospitales hubieran tenido que reportar el status migratorio de los pacientes no asegurados mediante un cuestionario que el personal del hospital tendría que llenar y suministrar en el cual se solicitaría información sobre las visas de los pacientes, permisos de trabajo, tarjetas de cruce, etc.

Los proveedores de salud y grupos de consumidores se opusieron con éxito a la propuesta, alegando que iba a causar que los residentes no buscaran atención médica por miedo a ser deportados. Medicare recibió una multitud de quejas sobre la propuesta reglamentación, y la misma fue rescindida. La propuesta de la administración Bush fue descrita por Ana María Archila, directora ejecutiva del Centro de Integración Latinoamericano de Nueva York, como “desastrosa para los inmigrantes, quienes por miedo no acudirán a recibir ayuda médica para su salud y bienestar y para los hospitales, que necesitan el dinero pero cuyos doctores y enfermeras serían identificados como agentes de inmigración” violentándose el privilegio de confidencialidad entre médico y paciente. Nadie tiene que tener miedo de solicitar y obtener ayuda de emergencia, ya que a los pacientes únicamente se les preguntará sobre su ciudadanía posterior a recibir tratamiento para propósitos de seguros médicos.

En las últimas semanas también se han presentado en el Congreso un sinnúmero de propuestas para implementar las recomendaciones de la Comisión 9/11. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (“AILA” por sus siglas en inglés) apoya la advertencia de la Comisión a los efectos de que “el sistema de inmigración y de controles fronterizos de los EE.UU. debe preservarse como una manifestación visible de nuestras creencias en la libertad, democracia, crecimiento económico global, y el respeto a la ley, mientras que sirva igualmente como un elemento crucial de la lucha contra el terrorismo.”

AILA se opone tenazmente a las medidas que incluyen disposiciones que van más allá de lo recomendado por la Comisión 9/11, incluyendo la expansión de deportaciones expeditadas, la utilización de evidencia secreta por parte del gobierno en procedimientos de deportación,  la socavación del derecho a un debido proceso de ley de extranjeros prohibiendo el recurso de habeas corpus o aumentando los requisitos de prueba necesarios para la obtención de asilo político, y la limitación de revisión administrativa y judicial de denegaciones de visas.

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