UN DIA TRISTE PARA ARIZONA Y LA NACION

UN DIA TRISTE PARA ARIZONA Y LA NACION

 POR: Ricardo Skerrett

Miembro, Asociación Americana de Abogados de Inmigración

www.ricardoskerrettimmigration.com

 Así describió el Presidente electo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (“AILA”), David Leopold, colegiación de la cual es miembro este redactor, este pasado 23 de abril cuando el gobernador de Arizona firmó en ley la medida estatal anti- inmigrante que tiene el efecto perjudicial de convertir a los Latinos que residen y trabajan en Arizona objetivos de arresto e interrogación por las agencias del orden público de Arizona.

Las consecuencias de esta implementación nefasta no se han hecho esperar. Momentos después de la firma de la ley, la Junta de Gobierno de AILA unánimemente ordenó a su Comité Ejecutivo mover su conferencia anual de otoño 2010, pautada para Arizona, a otro estado. El Presidente Obama calificó la firma de la ley “equivocada.” Va a ocurrir un boicot masivo costándole a Arizona billones de dólares en erarios y contribuciones pérdidas.

Esta ley estatal no contribuye a crear un sistema de inmigración funcional. Tampoco ayuda a asegurar la frontera, a sacar de circulación a criminales peligrosos, ni a proteger los salarios de trabajadores estadounidenses. Lo único que logra es enfocar a trabajadores y ciudadanos cuya apariencia podría levantar una “sospecha razonable” en la mente de un policía sobre un posible status migratorio ilegal. En otras palabras, sería mejor, según el raciocinio de la ley, que las personas que tengan acento en inglés o que no tengan apariencia anglo eviten contacto con las agencias del orden público en Arizona porque la ley les exige que prueben que se encuentran aquí legalmente.

Esto únicamente va a contribuir a la creación y convalidación de perfiles de clasificación racial, aumentos en detenciones y arrestos ilegales, y un aumento de crímenes porque la actividad delictiva no va a ser reportada ni las víctimas y testigos van a cooperar con las autoridades por miedo. Esta ley va a tener un efecto disuasivo (“chilling effect”) sobre cualquier incentivo de las comunidades latinas cooperar con las agencias del orden público. La ley es tan absurda que equipara el delito de traspaso ilegal con el status de trabajadores indocumentados.

Por estas razones, individuos y negocios a través de todo el país ya se están preguntando si Arizona es un lugar seguro para visitar, vivir y hacer negocios. Esto va ser devastador para la economía de Arizona. El Immigration Policy Center (IPC) reportó que si un número significante de inmigrantes y Latinos abandonan el estado por esta ley, se llevarán consigo recaudos contributivos, negocios y poder adquisitivo. Los trabajadores inmigrantes contribuyeron $44 billones de dólares a Arizona en el 2004, que sostienen ap. 44,000 trabajos a tiempo completo. Hay más de 35,000 negocios Latinos en Arizona con ventas que suman a $4.3 billones y que empleaban cerca de 40,000 al 2002, último año para el cual hay data disponible. Perryman Group estima que si todos los trabajadores indocumentados son removidos de Arizona, el estado perdería $26.4 billones en actividad económica, $11.7 billones en producto bruto estatal, y ap. 140,000 empleos, todo esto en medio de una recesión.

Esto sin contar los millones de dólares en litigación que esta legislación le va a costar al gobierno de Arizona. La ley, ya sea en su totalidad o parte por parte según surjan los pleitos, va a ser declarada inconstitucional porque, conforme la doctrina de derecho, el campo está trillado en esta área. Inmigración es dominio del gobierno federal y no de los estados. Los estados no pueden aprobar leyes en donde el campo esté ocupado por el gobierno federal.

Al mismo tiempo, es precisamente la falta de legislación federal y la ausencia de una reforma federal de inmigración que sea comprensiva lo que ha llevado a la aprobación de la legislación en Arizona. Otros dos estados, Ohio y Utah, están contemplando legislación similar a la de Arizona. El gobierno federal no puede permitir que cada estado legisle independientemente sobre un asunto de envergadura nacional. Esperemos que la mayoría demócrata demuestre la misma voluntad política que demostró con la aprobación de la reforma de salud aprobando una reforma de inmigración antes de las elecciones congresionales de noviembre.

[Ricardo Skerrett es abogado de inmigración. Visite su página de Internetwww.ricardoskerrettimmigration.com o llame para una consulta inicial al 239-936-0800.]

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