¿HABRA UNA REFORMA DE INMIGRACION EN EL 2010?

POR: Ricardo Skerrett

Miembro, Asociación Americana de Abogados de Inmigración

www.ricardoskerrettimmigration.com

Durante los últimos 12 meses el Congreso estuvo prácticamente paralizado debatiendo la reforma de salud. La reforma aprobada es la más comprensiva en este campo en cuatro décadas. Hubo muchas reformas de salud que fracasaron a través de los años, desde la reforma de Nixon en el 1971 hasta la reforma de Clinton en el 1993.

El resultado ha sido un balance de intereses encontrados: los liberales no lograron la aprobación de una opción pública pero la cobertura va a ser casi universal y se eliminan las condiciones pre existentes de exclusión. La reforma de salud es un reflejo del sistema socio- económico y político de esta nación de balances y contra pesos recogido en el documento fundamental del ordenamiento jurídico de esta nación: la Constitución.

Sin embargo, hay que reconocer que la reforma de salud fue aprobada contra viento y marea por la voluntad política del Presidente y mayoría demócrata y que debido a esta batalla campal que duró un año el Presidente y los demócratas han gastado mucho capital político y han quedado debilitados con unas elecciones congresionales que se aproximan.

Según los analistas políticos, las próximas dos prioridades del gobierno demócrata son las reformas de instituciones financieras y de inmigración. Los senadores Charles Schumer, demócrata por Nueva York, y Lindsey Graham, republicano por South Carolina, son los escogidos para llevar la batalla de la reforma de inmigración en el Congreso, en sustitución del fenecido liberal Ted Kennedy y el ex candidato presidencial John Mcain, quienes encabezaron la fracasada reforma del 2006.

La propuesta de inmigración tiene cuatro bases: eliminar trabajos para indocumentados utilizando tarjetas biométricas de Seguro Social, reforzar la frontera y seguridad interna, el manejo del flujo de inmigración futura según las necesidades y realidades del mercado, y crear una avenida larga y costosa para la legalización de los aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran indocumentados actualmente.

Según he concluido en el pasado, cualquier posibilidad de que se apruebe una reforma depende de que se logre un balance de intereses.

Los principios que deben guiar una reforma que tenga posibilidad de ser aprobada son: primero, se tienen que implementar las leyes en la frontera y en el lugar de trabajo de manera justa y uniforme, o sea, a todos por igual; segundo, los programas de trabajadores temporeros no deben ser utilizados para crear una clase permanente de trabajadores indigentes de segunda categoría; y, tercero, cualquier reforma debe estar diseñada para funcionar y no meramente para crear otra burocracia gubernamental.

Por lo tanto, una reforma de inmigración debe ser exhaustiva. Específicamente, debe simultáneamente crear avenidas legales para que los inmigrantes puedan entrar a los EE.UU.; debe permitir a aquellos que ya se encuentran aquí legalizarse; debe corregir y eliminar los retrasos endémicos del Servicio de Inmigración en las peticiones familiares y de patronos; y, debe crear e implementar un sistema adecuado y eficaz de seguridad en la frontera.

Pero hay que tener mucho cuidado. Una reforma de inmigración está destinada a fracasar si pretende ser una repetición de la amnistía del 1986. Ante los ojos de una mayoría del electorado, la amnistía del 1986 fue un fracaso, ayudó a incrementar la inmigración ilegal e injustamente premió a los indocumentados con una legalización y la oportunidad de obtener la ciudadanía americana. Una reforma también tiene que tomar en consideración que hay muchos inmigrantes legales en este país que han seguido los procedimientos tortuosos de inmigración para poder inmigrar, obtener visas de trabajo, la residencia permanente y la ciudadanía americana. No sería justo que una reforma legalice a los inmigrantes indocumentados y los equipare legalmente con aquellos que se han sometido a los procedimientos de inmigración y que tienen o han tenido casos pendientes frente a las autoridades de inmigración.

Una reforma de inmigración no debe ser percibida como un regalo de la ciudadanía americana. Para que una reforma tenga oportunidad de ser aprobada en ley, debe ser percibida como un intento de corregir deficiencias en el sistema de manera que nuestras leyes reflejen la realidad económica de las fuerzas del mercado que generan el flujo de inmigración.

La reforma fracasada aprobada por el Senado en el 2006 que incorporó el proyecto McCain-Kennedy creaba un programa de legalización merecida (‘’earned legalization”) para aquellos indocumentados que trabajan, pagan contribuciones, obedecen la ley y el orden y contribuyen a nuestra sociedad. Establecía un sistema mediante el cual los trabajadores se registrarían con el gobierno, pagarían una multa sustancial, se someterían a una investigación de antecedentes penales (‘’background check”), y con el transcurso del tiempo obtendrían la residencia permanente. Hubiera creado un nuevo programa para trabajadores temporeros e implementaba un programa de ajuste para los trabajadores agrícolas. La reforma del 2006 también incorporaba las disposiciones del DREAM ACT para permitir a los estudiantes hijos de inmigrantes indocumentados que se han graduado de escuela superior y que no tienen antecedentes penales asistir a la universidad y legalizar sus status.

El proyecto perseguía proteger la seguridad nacional legalizando a los indocumentados permitiendo así que las agencias gubernamentales enfocaran sus esfuerzos hacia la captura de terroristas y criminales en vez de trabajadores y sus familias.

La reforma fracasada del 2006 contenía los elementos necesarios de un cambio positivo, pues fomentaba la reunificación de familias incluyendo a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años, no tenía límites numéricos, y las exclusiones por estar fuera de status eran obviadas en gran medida. Confiemos que este sea uno de los puntos de partida para la tan esperada reforma de inmigración.

Logísticamente es imposible, y el gobierno no tiene los recursos, para

 

 

 

deportar 11 millones de indocumentados. Hay que implementar un sistema de inmigración que refleje las necesidades de la economía de este país y que permita a estos inmigrantes salir de las penumbras de la economía subterránea que únicamente engendra problemas de seguridad y de salud pública.

Va a ser una batalla larga y agria. Si el debate de la reforma de salud duró un año, podemos esperar algo similar con la reforma de inmigración. Los demócratas están debilitados, la economía está en recesión y se aproximan elecciones congresionales, factores que no favorecen la implementación de una reforma. Por otro lado, el Presidente Obama está comprometido con una reforma, ha demostrado que tiene empuje político y los demócratas necesitan del voto hispano. De la misma forma que una reforma de salud tomó varias décadas antes de su aprobación, podría ser este el momento para aprobar la primera reforma de inmigración en varias décadas.

[Ricardo Skerrett es abogado de inmigración. Visite su página de Internetwww.ricardoskerrettimmigration.com o llame para una consulta inicial al 239-936-0800.]

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