LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES FRENTE A LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES FRENTE A LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

Por: Ricardo Skerrett

        Miembro, Asociación Americana de Abogados de Inmigración

         www.ricardoskerrettimmigration.com

 [Nota del autor: el presente artículo obedece a la falta de conocimiento e información entre los extranjeros o inmigrantes que son intervenidos por las agencias del orden público.]

      La mera presencia sin autorización en EE.UU. es una violación civil y no criminal a las leyes de inmigración. El Congreso no ha criminalizado la presencia ilegal en EE.UU., salvo con ciertas excepciones como por ejemplo, una persona que ha sido deportada y vuelve a entrar sin autorización comete un delito grave y estaría expuesto a ser procesado criminalmente.

      Pero, la deportación de extranjeros que no están autorizados a permanecer en los EE.UU. es un proceso administrativo y civil, no criminal. Las fuerzas del orden público local y estatal como el Sheriff o la policía no tienen la autoridad legal para arrestar personas por las violaciones civiles relacionadas con su presencia ilegal. Las autoridades locales únicamente pueden poner en custodia a un extranjero por una violación a la ley de inmigración cuando el servicio de inmigración (ICE) específicamente así lo solicita o cuando existe una orden de arresto federal contra un extranjero por ser un fugitivo de la justicia o por haber cometido un crimen (una re entrada ilegal). Lo contrario expondría a las fuerzas del orden público locales y a los oficiales locales actuando so color de autoridad a violaciones de derechos civiles.

      El Sheriff de Collier County ha suscrito un acuerdo con el gobierno federal para entrenar sus agentes para implementar las leyes de inmigración pero el Sheriff de Lee County se ha abstenido de efectuar este acuerdo.

      La ley de inmigración contiene tanto disposiciones civiles como criminales para implementar la misma. La autoridad de implementación de las agencias locales del orden público se limita  a las disposiciones de índole criminal. Las autoridades locales no tienen la autoridad para implementar las disposiciones civiles de la ley de inmigración, que incluyen la detención y deportación de extranjeros sin autorización. Los tribunales han interpretado que la implementación de las disposiciones civiles de la ley de inmigración por autoridades locales constituye una violación a los derechos constitucionales de los extranjeros.

      Bajo la ley actual, el rol de las autoridades locales y estatales se limita a:

Interrogar a una persona que haya sido detenida legalmente por la comisión de una violación estatal, como por ejemplo las leyes de tránsito, para determinar el status migratorio de esa persona.

Efectuar controles de antecedentes (“background checks”) a través del sistema de datos de ICE.

Detener a un extranjero que se sospeche se encuentre sin autorización ‘on –scene” (en la escena del crimen o en la cárcel local) por un tiempo razonable de tiempo si los agentes de ICE responden para tomar a ese extranjero bajo custodia. Se ha interpretado que si ICE no responde el término de detención no se debe extender por más de 72 horas laborables. De lo contrario la persona puede solicitar su liberación radicando un recurso de Habeas Corpus en el tribunal de distrito federal en cuestión. Si ICE efectúa un HOLD la persona tiene derecho a solicitar una vista frente al juez de inmigración cuando sea transferido a un centro de detención de inmigración. Tiene derecho a ser representado por abogado pero a su propio costo.

Arrestar extranjeros en casos en que se haya expedido una orden de arresto por violaciones migratorias.

Efectuar investigaciones conjuntamente con ICE y proveer información sobre violaciones criminales a las leyes de inmigración.

Las autoridades locales no tienen el derecho de demandar de una persona “sus papeles de inmigración” a menos que exista una sospecha razonable de que esa persona está envuelta en la comisión de un crimen. De la misma forma, es inconstitucional hacer perfiles de clasificación basados en raza o apariencia física y solicitar documentos de inmigración basándose en estos perfiles. Además, la autoridad para detener a una persona tiene que estar fundamentada en una causa probable de que se está cometiendo un delito por parte del oficial para efectuar dicho arresto. Si no existe una sospecha razonable y causa probable para arrestar, toda la evidencia que se obtenga de dicho arresto es fruto del árbol prohibido producto de un arresto ilegal y no puede ser utilizada en contra de la persona arrestada.

Los extranjeros gozan de la protección de derechos constitucionales. Consulte con un abogado de inmigración.

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